Se trataron temas de distintos complejos penitenciarios y de seguridad a nivel nacional y local.

Este miércoles la Comisión de Constitución del Senado, contó con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, el senador, Alfonso De Urresti y otros parlamentarios y parlamentarias que integran la comisión, para tratar temas de la situación carcelaria del país. Específicamente, se abordaron los siguientes aspectos: medidas adoptadas durante el año sobre traslado de presos entre distintas cárceles del país, en especial, al Complejo Penitenciario de Valdivia; situaciones de extorsión en Santiago 1 por reos de alta peligrosidad y cuáles serían los recursos que dispone la cartera para el financiamiento de los centros de internación relativos a reinserción social juvenil.

A pesar de que, según declaraciones de la ministra de Justicia, “la acción se enmarca en un plan para combatir el crimen organizado”, el senador fue enfático en la necesidad de ser más cautelosos respecto al traslado de reos de alta peligrosidad, “no podemos traer problemas o inconvenientes de otros recintos a Valdivia. Esto no es una situación particular, es algo que se viene dando desde hace un tiempo”.

Debido a esto, el senador por la región de Los Ríos solicitó a la ministra que se entreguen los antecedentes y se justifique la resolución que tomó el ejecutivo, además, que se entregue información del prontuario de los reos trasladados, de los cuales, hasta la fecha, no existen más precedentes.  “Queremos saber si existen protocolos para los funcionarios de trato directo, que están expuestos a riesgos ante estos reos. Queremos entregar seguridad e informar a la población sobre esta situación. Necesitamos esclarecer y precisar el porqué de esta decisión, cuál es el plan y los criterios que tiene el ministerio de justicia para tomar estas decisiones” aseguró De Urresti. 

El parlamentario, ofició al ejecutivo hace un par de semanas por este hecho y desde gendarmería respondieron que “el traslado correspondió a una medida de seguridad institucional más estricta, que obedece a acciones estratégicas para coartar el accionar de dichos individuos”, sin embargo, a la fecha, no se ha hecho hincapié a los protocolos de seguridad para los trabajadores del recinto y la mayoría de las respuestas referidas al traslado de los reos,  están relacionadas a la consideración de que el penitenciario cumple con ciertas condiciones de operatividad como vigilancia, habitabilidad, población penal e intervención profesional, pero no incluye la perspectiva territorial de los trabajadores, autoridades locales y regionales.