La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha imputado al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, una serie de delitos reiterados de fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal, vinculados a la compra y venta de insumos para enfrentar la pandemia de Covid-19 a través de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Durante la formalización, la fiscal a cargo del caso, Giovanna Herrera, puso en duda la legalidad de varios convenios establecidos por la municipalidad de Paillaco. Herrera detalló que estos acuerdos, realizados también por la municipalidad de Recoleta, involucraban un monto total de 613 millones de pesos.
La fiscal Herrera explicó que la Contraloría ha cuestionado estos convenios debido a una presunta infracción a la ley de compras públicas, indicando que estos actos representan una falta a la probidad. Según Herrera, «detectamos convenios que hizo el municipio de Recoleta y el municipio de Paillaco, todos con un valor de 613 millones de pesos. ¿Qué es lo que cuestiona la Contraloría? La Contraloría dice que estos convenios para adquirir la mercadería son una infracción a la ley de compras públicas y esto es una falta a la probidad».
La acusación contra Jadue y los cuestionamientos a los convenios suscitados han generado una ola de reacciones y han puesto bajo la lupa los procedimientos administrativos en las compras públicas, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria. El caso continúa en desarrollo, y se espera que la investigación arroje más detalles sobre la gestión y administración de recursos en las municipalidades involucradas.